“Las falsas denuncias representan menos del 1% en la Argentina, mientras que menos del 20% de las víctimas de femicidio habían podido denunciar. Queremos más protección, no amedrentar a quienes buscan ayuda.” — Paola Graziani

Alerta por iniciativas que buscan disuadir el reclamo de justicia y criminalizar a las denunciantes

En una entrevista contundente emitida en el programa Con Agenda Propia por Radio Asamblea, la abogada especialista Paola Graziani analizó en profundidad el proyecto legislativo que busca endurecer las penas por supuestas "falsas denuncias" en casos de violencia de género. Con una mirada técnica sostenida en estadísticas de organismos oficiales y estándares de derecho internacional, la especialista alertó sobre el peligroso retroceso institucional que implicaría esta iniciativa para el acceso a la justicia de mujeres, niñas y disidencias.

Graziani sintetizó el objetivo de fondo de la propuesta y sus consecuencias inmediatas sobre el esquema de protección pública: “Quieren silenciar a las víctimas. El problema no es que se denuncia de más, es que no se denuncia. Introducir la figura del amedrentamiento penal sobre la denunciante destruye la confianza mínima que debe garantizar el Estado en momentos de extrema vulnerabilidad.”

Un retroceso que genera más miedo e impunidad

Durante el diálogo, la especialista desglosó el impacto directo que tendría la aprobación de este marco normativo sobre la realidad cotidiana de quienes sufren situaciones de violencia doméstica o de género:

Efecto disuasivo: Se profundiza el temor a denunciar ante el riesgo latente de ser perseguidas o penalizadas si la investigación judicial no logra alcanzar, por demoras o falencias probatorias del propio sistema, el estándar requerido.

Aumento del subregistro: Al obstaculizar la presentación de demandas iniciales, el número real de agresiones queda invisibilizado, lo que se traduce directamente en un escenario de mayor impunidad para los agresores.

Estigmatización institucional: Se reinstala la sospecha previa y el prejuicio cultural sobre el testimonio de las víctimas en comisarías y juzgados, en lugar de priorizar las medidas cautelares de protección de urgencia que salvan vidas.

La manipulación estadística frente al sesgo de género judicial

Uno de los ejes más sólidos de la exposición de Graziani radicó en el contraste entre los discursos políticos que impulsan la medida y la evidencia empírica existente en los tribunales del país. Los relevamientos judiciales indican que la tasa de falsas denuncias en causas de violencia familiar o contra las mujeres es marginal, representando menos del 1% del total de expedientes tramitados.

En contraposición, las estadísticas de femicidios revelan una constante alarmante: la inmensa mayoría de las víctimas mortales nunca llegó a realizar una denuncia formal previa debido a las barreras económicas, el aislamiento, la falta de acompañamiento territorial o el temor a represalias. Desviar la atención pública y legislativa hacia un fenómeno prácticamente inexistente no solo desvirtúa el debate, sino que debilita las garantías constitucionales de las personas agredidas.

Un obstáculo para la protección integral y la preservación de la vida

La abogada concluyó remarcar la urgencia de fortalecer los presupuestos de las fiscalías especializadas, garantizar equipos interdisciplinarios capacitados en la toma de testimonios y acelerar la entrega de herramientas de resguardo como botones antipánico y órdenes de restricción.

En lugar de construir trabas punitivas que terminan protegiendo de manera indirecta a los violentos, las políticas públicas deben orientarse a remover los obstáculos burocráticos y culturales que impiden que las víctimas pidan auxilio a tiempo. Prevenir el femicidio requiere escuchar, creer y proteger de forma inmediata, priorizando en todo momento la vida de quienes acuden a las instituciones del Estado.

“Las falsas denuncias representan menos del 1% en la Argentina, mientras que menos del 20% de las víctimas de femicidio habían podido denunciar. Queremos más protección, no amedrentar a quienes buscan ayuda.” — Paola Graziani

Alerta por iniciativas que buscan disuadir el reclamo de justicia y criminalizar a las denunciantes

En una entrevista contundente emitida en el programa Con Agenda Propia por Radio Asamblea, la abogada especialista Paola Graziani analizó en profundidad el proyecto legislativo que busca endurecer las penas por supuestas "falsas denuncias" en casos de violencia de género. Con una mirada técnica sostenida en estadísticas de organismos oficiales y estándares de derecho internacional, la especialista alertó sobre el peligroso retroceso institucional que implicaría esta iniciativa para el acceso a la justicia de mujeres, niñas y disidencias.

Graziani sintetizó el objetivo de fondo de la propuesta y sus consecuencias inmediatas sobre el esquema de protección pública: “Quieren silenciar a las víctimas. El problema no es que se denuncia de más, es que no se denuncia. Introducir la figura del amedrentamiento penal sobre la denunciante destruye la confianza mínima que debe garantizar el Estado en momentos de extrema vulnerabilidad.”

Un retroceso que genera más miedo e impunidad

Durante el diálogo, la especialista desglosó el impacto directo que tendría la aprobación de este marco normativo sobre la realidad cotidiana de quienes sufren situaciones de violencia doméstica o de género:

Efecto disuasivo: Se profundiza el temor a denunciar ante el riesgo latente de ser perseguidas o penalizadas si la investigación judicial no logra alcanzar, por demoras o falencias probatorias del propio sistema, el estándar requerido.

Aumento del subregistro: Al obstaculizar la presentación de demandas iniciales, el número real de agresiones queda invisibilizado, lo que se traduce directamente en un escenario de mayor impunidad para los agresores.

Estigmatización institucional: Se reinstala la sospecha previa y el prejuicio cultural sobre el testimonio de las víctimas en comisarías y juzgados, en lugar de priorizar las medidas cautelares de protección de urgencia que salvan vidas.

La manipulación estadística frente al sesgo de género judicial

Uno de los ejes más sólidos de la exposición de Graziani radicó en el contraste entre los discursos políticos que impulsan la medida y la evidencia empírica existente en los tribunales del país. Los relevamientos judiciales indican que la tasa de falsas denuncias en causas de violencia familiar o contra las mujeres es marginal, representando menos del 1% del total de expedientes tramitados.

En contraposición, las estadísticas de femicidios revelan una constante alarmante: la inmensa mayoría de las víctimas mortales nunca llegó a realizar una denuncia formal previa debido a las barreras económicas, el aislamiento, la falta de acompañamiento territorial o el temor a represalias. Desviar la atención pública y legislativa hacia un fenómeno prácticamente inexistente no solo desvirtúa el debate, sino que debilita las garantías constitucionales de las personas agredidas.

Un obstáculo para la protección integral y la preservación de la vida

La abogada concluyó remarcar la urgencia de fortalecer los presupuestos de las fiscalías especializadas, garantizar equipos interdisciplinarios capacitados en la toma de testimonios y acelerar la entrega de herramientas de resguardo como botones antipánico y órdenes de restricción.

En lugar de construir trabas punitivas que terminan protegiendo de manera indirecta a los violentos, las políticas públicas deben orientarse a remover los obstáculos burocráticos y culturales que impiden que las víctimas pidan auxilio a tiempo. Prevenir el femicidio requiere escuchar, creer y proteger de forma inmediata, priorizando en todo momento la vida de quienes acuden a las instituciones del Estado.