El ingreso a la vivienda de la periodista Mariana Mamani encendió una nueva señal de alarma sobre las condiciones para ejercer el periodismo en Jujuy. El hecho ocurrió el viernes 17, en medio de un fuerte temporal de viento que dejó amplios sectores de la provincia sin energía eléctrica y generó un escenario de emergencia.
Cuando regresó a su casa, Mamani encontró los ambientes revueltos. Sin embargo, el episodio presentó características que despertaron preocupación entre organizaciones de prensa: los intrusos se llevaron únicamente una computadora y una cámara fotográfica, herramientas fundamentales para su trabajo, mientras dejaron otros objetos de valor, incluida otra notebook.
El dato que más inquieta es que sobre una mesa apareció un ejemplar de la Constitución de Jujuy reformada en 2023, ubicado deliberadamente en un lugar visible. Según denuncian colegas y organizaciones periodísticas, ese gesto constituye un claro mensaje intimidatorio.
"No fue un robo común. La selección de los objetos y la presencia de la Constitución permiten interpretar el hecho como una advertencia", señalaron desde Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy.
Una periodista dedicada a los conflictos sociales
Mariana Mamani dirige el portal Jujuy Dice y colabora con medios nacionales. Su cobertura periodística se concentra en derechos humanos, conflictos territoriales, comunidades indígenas, cuestiones de género y protestas sociales, temas que, según sus colegas, reciben escasa atención en gran parte del sistema mediático provincial.
Precisamente, la Constitución dejada en la vivienda remite al proceso de reforma impulsado durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, que derivó en las masivas protestas de 2023, acompañadas por fuertes operativos represivos, denuncias de violencia institucional y numerosos procesos judiciales que aún continúan abiertos.
Un contexto que preocupa
Para Gaby Tijman, integrante del colectivo Periodistas Unidos Autoconvocados, el episodio no puede analizarse de manera aislada. Si bien sostiene que la intensidad de la conflictividad disminuyó respecto de 2023, advierte que persisten mecanismos de disciplinamiento sobre quienes participan de reclamos sociales.
Las causas judiciales iniciadas durante aquellas protestas siguen vigentes y, según explicó, funcionan como un elemento de presión para desalentar nuevas movilizaciones.
Como ejemplo reciente mencionó la detención del joven campesino Franco Oscari, integrante de una organización que resiste desalojos y el avance de un proyecto minero de cobre en Palma Sola. El dirigente permanece procesado por una denuncia vinculada a un presunto mensaje publicado años atrás en redes sociales.
El caso Milagro Sala
Durante la entrevista también surgió la situación judicial de Milagro Sala, quien continúa con prisión domiciliaria en La Plata mientras enfrenta problemas de salud física y mental.
Desde el entorno de la dirigente sostienen que los reiterados intentos para revocar ese beneficio y trasladarla nuevamente a Jujuy responden más a una estrategia política que a fundamentos jurídicos.
Solidaridad y pedido de investigación
Tras conocerse el hecho, organizaciones de periodistas expresaron su solidaridad con Mariana Mamani y reclamaron una investigación que permita esclarecer lo ocurrido.
Para sus colegas, el episodio trasciende el ámbito personal y constituye una advertencia sobre la libertad de prensa en la provincia.
"Cuando las herramientas de trabajo son el principal objetivo y el mensaje aparece cuidadosamente dejado en escena, la preocupación ya no alcanza únicamente a una periodista: interpela al derecho de toda la sociedad a estar informada."
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