Del panóptico a la pared abierta: la memoria de los muros que la Ciudad prefirió olvidar

 

Las ciudades no solo se construyen con ladrillos, plazas e infraestructuras de transporte; también se cimentan a partir de aquello que deciden ocultar, separar y castigar. La historia de las cárceles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la crónica de un desplazamiento físico y simbólico de los márgenes sociales. Un recorrido donde las paredes de ladrillo visto y vigilar constante buscaron invisibilizar los conflictos socioeconómicos mediante la privación de la libertad, mientras diversas luchas colectivas intentaron trasformar esos mismos espacios en sitios de resistencia, educación y restitución de derechos.

Durante la época colonial y las primeras décadas del siglo XIX, la reclusión no operaba como una pena en sí misma, sino como un depósito provisorio previo al castigo corporal o a la ejecución. Las viejas cabildos y carretas funcionaron como recintos dantescos donde la insalubridad y el amontonamiento formaban parte natural de la espera. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XIX, al compás de la organización del Estado moderno y la positivización del derecho, el positivismo criminológico argentino empezó a edificar su gran catedral punitiva: la Penitenciaría Nacional sobre la avenida Las Heras, inaugurada en 1877.

Aquel edificio panóptico, pensado bajo el paradigma de la clasificación militarizada, la disciplina higienista y la corrección moral, encarnaba la convicción de que el delito era una desviación física y social que debía ser aislada e investigada de manera casi clínica. La arquitectura panóptica no buscaba resocializar; buscaba doblegar voluntades a través de la vigilancia invisible e ininterrumpida. Su demolición, iniciada a principios de la década de 1960, no obedeció tanto a una toma de conciencia sobre el fracaso de la prisión como máquina correccional, sino al crecimiento demográfico de una ciudad que ya no toleraba la fealdad de sus propios muros castigadores en medio de un barrio residencial.

El siglo XX continuó profundizando esa dialéctica entre la violencia estatal y la segregación urbana. La Cárcel de Caseros, proyectada en la década de 1950 y abierta formalmente como una torre hipertrofiada de cemento en los años setenta, representó el cenit de la deshumanización arquitectónica. Celdas individuales diminutas, una verticalidad ahogante e insonorizada y una estructura diseñada para anular cualquier tipo de sociabilidad convirtieron a Caseros en una verdadera jaula vertical. Durante la dictadura cívico-militar, este penal operó además como un engranaje sistemático del terrorismo de Estado y la represión política, consolidando la cárcel como una herramienta de persecución, tortura y control ideológico.

En paralelo, la Cárcel de Villa Devoto —inaugurada en 1927 en terrenos curiosamente previstos en un inicio para albergar un centro de salud— mutó de prisión de contravenciones a la última gran fortaleza penitenciaria en territorio porteño. A lo largo de los decenios, Devoto acumuló en sus pabellones las grietas de un sistema fallido: la superpoblación endémica, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y sucesos trágicos marcados por la brutalidad institucional, como la Masacre del Pabellón Séptimo en 1978.

Sin embargo, fue también dentro del penal de Villa Devoto donde germinaron experiencias fundamentales que demostraron que el paradigma represivo no es el único horizonte posible. Con la creación del Centro Universitario Devoto (CUD) en la década de 1980, en alianza con la Universidad de Buenos Aires, el encierro fue interpelado por el pensamiento crítico, la cultura y las letras. La entrada de docentes, libros y debates al corazón de la prisión demostró empíricamente que el acceso a derechos fundamentales transforma realidades que el encierro tradicional solo empeora, reduciendo de forma contundente la reincidencia y restituyendo la condición de sujetos de derecho a personas históricamente postergadas.

El análisis histórico porteño permite confirmar que la cárcel, lejos de ser una solución neutral ante el delito, actúa como un dispositivo de reproducción de desigualdades sociales. La selectividad del aparato penal históricamente ha recaído sobre las poblaciones más vulnerabilizadas, criminalizando la pobreza, la marginalidad y la protesta. La respuesta punitiva no resuelve las causas estructurales de la violencia ni repara a las víctimas; por el contrario, destruye redes comunitarias, estigmatiza familias y alimenta un circuito permanente de marginación.

En la actualidad, con el cierre y traslado progresivo de las instalaciones carcelarias fuera de los límites de la Capital Federal, la discusión no debe reducirse a la simple mudanza de muros hacia la periferia para limpiar la vista urbana. El verdadero desafío transformador pasa por desactivar la lógica del castigo segregatorio y avanzar hacia una justicia restaurativa. Pensar la historia carcelaria porteña desde una perspectiva progresista implica asumir que la seguridad real no se construye con más metros cuadrados de rejas ni con endurecimiento de penas, sino con trabajo digno, educación, inclusión efectiva, salud pública y la paulatina superación de un modelo de encierro que ha demostrado su estéril crueldad durante más de dos siglos.